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Una metida de mano sin anestesia
EL GOBIERNO EXPROPIA A LOS POBRES PARA DARLE A LOS RICOS
Ya se ha dicho, explicado y demostrado que la ley de inclusión financiera es –hasta el momento- la mayor estafa del siglo en contra de trabajadores y pasivos.
Es la más grande estafa contra los salarios y las jubilaciones que un gobierno haya podido perpetrar.
Sólo para sintetizar diremos que el gobierno le permite ganar a la banca cien pesos por cada cien pesos de sueldo o jubilación que –por ley- nos obliga a depositar en el banco, a cambio de nada.
A cambio de semejante regalía el estado (no el banco) nos devuelve 88 centésismos (sí, menos de un peso) por cada cien, siempre y cuando lo gastemos con tarjeta de débito. Si lo hacemos con tarjeta de crédito es la mitad y si compramos al contado el beneficio es igual a cero. Pero este ridículo beneficio solo rige el primer año de ingreso al sistema. Al segundo año el supuesto beneficio se reduce a la mitad y a partir del mes número 25 y de por vida el beneficio para trabajadores y jubilados es igual a cero, mientras que los bancos, gracias a esta ley, ganarán miles de millones de dólares –de por vida- con nuestro dinero.
Para colmo, los costos del funcionamiento de este sistema no los paga la banca sino el estado, es decir, todos nosotros. Astori acaba de anunciar el aumento de la deuda externa mediante la contratación de un nuevo empréstito con la banca internacional por 1.800 millones de dólares, 436 de los cuales serán usados para “ajustar la implementación de la ley de inclusión financiera”, según anunció el ministro.
¿Cuánto dinero habrá circulado por debajo de la mesa para que el gobierno del FA haya resuelto regalarle miles de millones de dólares a la banca a cambio de nada, y que encima haga recaer el costo del nuevo sistema sobre las espaldas y los bolsillos de trabajadores y jubilados?
Pero no conforme con semejante estafa, el gobierno acaba de agregar otra, que no por pequeña deja de ser indignante.
De acuerdo con una nueva disposición del Brou,
quienes tengan cuenta de sueldo en dicha
institución ahora tendrán que pagar para hacer
retiros.
Según la nueva normativa, de los cajeros
dispuestos en los shoppings, en comercios,
en las redes abitab y redpagos y en diferentes
lugares públicos, sólo se podrá retirar un
máximo de $ 3.000 por cada vez y sólo se podrá
hacerlo en un máximo de cinco oportunidades
al mes.
De superar esa cifra el banco le descontará
al usuario una suma equivalente a 20 unidades
indexadas por cada retiro.
Actualmente esa cifra asciende a 65 pesos y se ajusta en forma mensual.
De modo que nos obligan a dejar nuestro sueldo o nuestra jubilación en los bancos (para que los bancos ganen miles de millones de dólares con nuestro dinero) pero si queremos cobrar los que nos corresponde de salario o jubilación tenemos que pagar la nueva "mordida" bancaria establecida.
Es muy claro: seguramente el gobierno cree que hay que expropiar el dinero de los pobres para dárselo a los ricos.
Si lo otro ya era una estafa, este nuevo robo perpetrado por el gobierno contra trabajadores y jubilados los muestra tal como son: ladrones sin ningún escrúpulo.
¿Qué dirán ahora los votantes del frenteamplio de esta nueva estafa en contra de la gente?
Articulos de Prensa Debate en TNU y Economista José Roca
La ley de inclusión financiera genera
cuestionamientos fundadamente basados
en la contravención de derechos,
en perjuicios a empresas y personas
y en inconveniencias prácticas.
La norma establece que a partir de
mayo de 2017 la totalidad de los
pagos de salarios y otras
transacciones se harán
obligatoriamente a través de
instituciones financieras.
Esto supone ignorar el derecho
constitucional a que empresas o
personas elijan el lugar o la forma
que prefieran para pagos o cobros.
Pero las consecuencias desfavorables no terminan ahí. Como ha señalado la Cámara Nacional de Comercio y Servicios al fundamentar varias objeciones a ley, se elimina una forma común de pagos en el comercio como es el uso de cheques de terceros o descuento de cheques, postergando la disponibilidad inmediata de fondos que las empresas necesitan para hacer frente a su cadena de pagos.
Las dificultades se extienden a muchos otros ámbitos de la actividad, desde el sistema bancario hasta los trabajadores rurales. A estos les complicará la vida, especialmente cuando trabajan en zonas alejadas de centros urbanos, al tener que viajar distancias considerables para retirar el salario que su empleador les ha depositado obligatoriamente en un banco. Y en el caso de las instituciones bancarias, las somete a imposiciones injustificadas. Les niega el derecho a rechazar clientes que considere indeseables, las obliga a realizar determinadas operaciones mensuales en forma gratuita y las fuerza a incorporarse a la banca minorista aunque esa no sea su actual orientación de negocios.
El gobierno sostiene que la ley es necesaria para generalizar la bancarización de las operaciones de empresas y personas, como parte de un plan de total inclusión financiera. Siendo buena la bancarización, es malo que sea implementada de forma obligatoria como surge claramente de la norma. Además de los ya señalados como la restricción del crédito, incluye su impacto adverso sobre derechos básicos como la libertad de comercio y la facultad de los ciudadanos para disponer de sus ingresos como prefieran o les sea más cómodo. Es obvio que la ley le facilitará al gobierno, a través del seguimiento de su aplicación por la Dirección General Impositiva, un mayor control de la informalidad y de la evasión de impuestos y el consecuente fortalecimiento de la recaudación fiscal, generando la sospecha de que estos objetivos estén detrás de la nueva norma.
Lo señaló el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, en un reciente seminario de la Cámara de Comercio. Sostuvo que este instrumento, lejos de promover y garantizar que los grupos sociales más vulnerables accedan al sistema financiero, impone obligaciones que no esconden el carácter netamente político de la ley. Sostuvo que, bajo el nombre de inclusión financiera, el gobierno busca tener bajo su control la totalidad de las transacciones financieras que se realizan en todas las áreas de actividad del país. De Posadas afirmó incluso que la ley cae en la inconstitucionalidad al restringir derechos sin el fundamento del interés general.
La solidez de las múltiples objeciones a la ley y su reglamentación confluyen en la necesidad de que el gobierno revea sus muchos aspectos inconvenientes.
Lo aconsejan tanto el sentido común como el respeto a los derechos, libertades y normas estructurales que caracterizan a una sociedad abierta y democrática. Es buena la inclusión, pero no a costa de las libertades básicas.
