PH NICOLICH
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FONASA
Quieren seguir matando gente
NO TIENEN VERGÜENZA
El “lobby” de los dueños de las mutualistas presiona al gobierno para que aumente los precios de las cápitas y de las cuotas mutuales, y de esa forma aumentar sus ingresos, mantener sus privilegios y continuar la sangría del estado, en beneficio de los grandes capitales de la salud y en perjuicio de todos los uruguayos.
Amenazan con un deterioro aún mayor del sistema privado de salud (las mutualistas o IAMC, instituciones de asistencia médica colectiva), basándose en que ahora, con una población cautiva superior a los dos millones de usuarios, pueden darse el lujo de chantajear al gobierno por mayores privilegios. Se repite aquello de: “cría cuervos y te arrancarán los ojos”.
EL FONASA, al igual que el IRPF y la ley de inclusión financiera –como ya se ha demostrado- es una de las principales leyes aprobadas por los gobiernos del FA, que han servido para consolidar la injusticia social, manteniendo el sistema de explotación de las grandes mayorías en beneficio de pequeñas minorías privilegiadas, que se quedan con la parte del león de la riqueza generada por los uruguayos.
Después de algunos años de aplicación queda en evidencia que el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS, con nombre de estornudo) no ha servido para cumplir ni siquiera el objetivo mínimo de dar cobertura de salud a las grandes mayorías carenciadas –actualmente más de 250 mil uruguayos no tienen ninguna clase de cobertura médica, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
También carecen de cobertura médica alrededor de otro medio millón de uruguayos, que la tienen solo en el papel (están afiliados a mutualistas) pero no pueden usarla porque no pueden absorber los costos de tiques, órdenes y demás actos médicos, como tratamientos, exámenes especiales e intervenciones quirúrgicas, entre otros.
En su mayoría son personas que se pasaron masivamente de la salud pública –donde recibían atención gratuita- a la salud privada, desde que se instauró el FONASA en 2007, donde tienen que abonar prácticamente todo, cuando muchas veces apenas pueden pagar un boleto. Provienen de esa tercera parte de los uruguayos cuyos ingresos son inferiores a los 20 mil pesos y apenas pueden pagar el alquiler y la comida y en cuyo presupuesto los gastos médicos están vedados.
El FONASA fue creado, no para garantizar la cobertura de salud a los más necesitados, sino para consolidar y aumentar las ganancias de las empresas prestadoras. Desde su creación, ingentes fortunas han ingresado en las arcas de dichas empresas, sin que haya existido nunca –salvo honrosas y contadas excepciones- un correlato en el mejoramiento del sistema de atención, en construcción de nuevos edificios, en mejoras de equipamiento y en aumentos de salarios para el personal médico y no médico, entre otros lastres.
En el marco de este sistema (SNIS y FONASA) a pesar de las cifras multimillonarias en dólares recaudadas compulsivamente por el gobierno ley mediante, el nivel de atención de salud ha continuado en franco deterioro. Ello ocurre básicamente porque –salvo pocas excepciones- las mismas instituciones, con el mismo personal, en los mismos edificios, tiene que atender al triple de pacientes que atendía antes de la creación del FONASA.
Una punta del iceberg, claramente visible, es el hecho de que se atiende cada vez a mayor número de pacientes en menos tiempo (a la carrera) y aun así, cuando un paciente solicita hora para ver a un especialista, la demora suele ser el triple o cuádruple de lo que era antes, sin mencionar algunos cuadros dramáticos que están ocurriendo con la salud de la gente.
Las IAMC cuentan con alrededor de 2.100.000 afiliados. Las cápitas que el estado les paga por cada afiliado oscilan entre $ 833 y $ 5701, existiendo varias franjas que varían según la edad, el sexo y el ingreso que percibe el pretendido beneficiario.
Si hacemos un cálculo grosero, y arbitrariamente fijamos un promedio de cada cápita en $ 3000, las IAMC estarían recibiendo unos 6.300 millones de pesos mensuales, alrededor de 2.700 millones de dólares por año. De acuerdo con estas cifras la salud debería ser gratuita y de altísimo nivel para absolutamente todos los ciudadanos, pero ese dinero no se usa para mejorar el nivel de atención médica sino para engrosar los bolsillos de los dueños de las empresas.
Según datos oficiales al año 2015, el aporte del estado a las mutualistas fue de 2.244 millones de dólares, cifra que surge del aporte mensual de los usuarios: u$s 1.864 millones (que el estado retiene a los tributarios del FONASA y luego vierte a las empresas) más u$s 377 millones que salieron de Rentas Generales para compensar el déficit (16,8 %) del sistema y dárselos a las empresas. A estas cifras hay que agregar los montos que el estado les vierte por “cumplimiento de metas asistenciales, sustitutivos de tiques, Fonar y sobrecuotas para inversión”, entre otros rubros.
A todo ello hay que sumar, además, las cifras –multimillonarias- que se recaudan por venta de tiques, órdenes de atención, exámenes y otros rubros generadores de ingresos directos.
Si tenemos en cuenta que aproximadamente el 60 % de tales ingresos se destina al pago de salarios, los empresarios se llevan(solo por el rubro FONASA, sin contar otras fuentes de ingresos) alrededor de 900 millones de dólares anuales.
Pero dicen que ¡no les alcanza!, y por eso vienen a pedir más, argumentando “dificultades” que uno tiene todo el derecho a presuponer inexistentes.
¿Qué hacen con esos 900 millones de dólares que cada año salen de los menguados ingresos de trabajadores y jubilados y van a parar a los bolsillos de los señores empresarios de la salud? ¿Y por qué esa ambición desmedida de pedir más y más al gobierno, amenazando con un deterioro aún mayor del ya catastrófico sistema de salud?
Esta vez, algunos integrantes del gobierno, preocupados por el déficit fiscal, con un insólito pero elogiable sentido de racionalidad y justicia, plantearon –ciertamente con mesura y timidez- la necesidad de reducir el precio de las cápitas entre 1.5 % y 2 %, lo cual significaría un pequeño pero necesario ahorro para el estado. Se estima que la diferencia entre lo que propone el gobierno y lo que piden los empresarios oscila entre los 70 y los 80 millones de dólares anuales. Nada en comparación con los más de 2.200 millones de dólares que las mutualistas se llevan por año.
Los representantes del gobierno argumentan -esta vez con mucha razón- que esos 50, 70 u 80 millones de dólares que se ahorraría el estado al reducir el precio de las cápitas, están sobradamente compensados con el ingreso al sistema de más de 120 mil nuevos usuarios, ocurrido en lo que va del año, lo cual equivale a mayores ingresos para las mutualistas por una cifra superior a los 100 millones de dólares anuales.
En este contexto el vampiresco “lobby” de los empresarios de la salud no solo rechaza la medida propuesta por el gobierno, sino que, por el contrario, reclama que la cotización de las cápitas aumente 4 %, además de que se ajusten al alza los valores de las cuotas mutuales.
No tienen vergüenza.
Algunas fuentes:
http://www.elpais.com.uy/informacion/corralito-indicadores-reflejan-disparidad-prestadores.html
http://www.elobservador.com.uy/mutualistas-piden-reunion-urgente-gobierno-discutir-recortes-n941004
http://www.elpais.com.uy/informacion/mutualistas-advierten-deficit-bajan-capitas.html
http://www.lr21.com.uy/sociedad/16281-crucial-encuentro-entre-el-gobierno-y-las-mutualistas